Rechazamos con firmeza el “Proyecto de Ley Contra el Fraude de Pensiones por Invalidez”, siendo su eje central la modificatoria de la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad Nro. 27.793, ley que prácticamente no se cumplió y vence en Diciembre 2026, reglamentada en febrero de 2026.
Esta iniciativa propone, entre otros, un reempadronamiento obligatorio, desregula la negociación por Obra Social, eliminando el nomenclador nacional de prestadores, dejando una vez más en estado de mayor vulnerabilidad a las personas con Discapacidad y creando mucha incertidumbre en los profesionales, en nuestro caso muchos colegas, servicios de traslados, etc., en el área.
Manifestamos que las pensiones no son fraude, son una necesidad imperiosa para poder vivir en forma más digna, para muchos que las requieren. Adherimos a todas las acciones que los grupos realizan para reclamar lo que por derecho corresponde.
Comisión Psicología de la Discapacidad – Distrito XII